El 20 de julio de 2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó en el Congreso de la República el proyecto de la reforma tributaria o ley de Inversión Social, mediante la cual se espera recaudar más de 15 billones de pesos para atender el déficit fiscal y el gasto social derivado de la pandemia originada por el Covid.
Este proyecto de ley se centra en tres puntos importantes:
1. Medidas de búsqueda de financiación mediante modificaciones en materia de impuestos y reducción del gasto público:
– Ampliación de la tarifa del impuesto de renta de personas jurídicas al 35%.
– Creación de una sobretasa del impuesto de renta para las entidades financieras en un 3% adicional, para un total del 38%.
– Reducción del descuento del impuesto de industria y comercio del 100% al 50%.
– Ampliación del impuesto de normalización tributaria a una tarifa del 17%.
– Activación de un plan de austeridad al reducir el gasto público en la compra de bienes y servicios para el Estado.
2. Medidas de control de la evasión de impuestos:
– Para efectos de establecer el valor comercial de los inmuebles, los notarios se valdrán del sistema de georreferenciación.
– Nuevas obligaciones y sanciones en materia de documentos electrónicos administrados por la DIAN, tales como facturas de venta y documentos equivalentes.
– La DIAN podrá inscribir de oficio en el RUT a cualquier persona natural y
podrá facturar el impuesto de renta y prestará mérito ejecutivo.
– El Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) hará parte integral del RUT.
3. Medidas que impulsen la reactivación económica (incentivos sociales):
– Tres días sin IVA para ciertos bienes, tales como vestuario, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, elementos deportivos, juguetes y juegos, útiles escolares, bienes e insumos para el sector agropecuario.
– Se mantendrá el Programa Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022 en las mismas condiciones y términos.
– Se ampliará el plazo del del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
– Destinación de recursos para el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de las familias más vulnerables de pregrado de las instituciones de educación superior públicas.
– Incentivos a la creación de nuevos empleos consistentes en un aporte del 25% de 1 SMLMV para jóvenes entre 18 y 28 años, y de otras personas que no estén en ese rango de edad y que devenguen hasta 3 SMLMV, un aporte del 10% de 1 SMLMV.